“Es un acto de censura”
El titular de la Afsca afirmó que la actitud del mandatario cordobés José Manuel de la Sota obedece a dos motivos: su abierto rechazo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus pretensiones de ser candidato presidencial.
Por Sebastián Premici
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-212990-2013-01-31.html
Martín Sabbatella cuestionó con dureza a José Manuel de la Sota.
“No existen razones ambientales que justifiquen estos actos de censura del gobernador (José) De la Sota. Se trata de un acto de censura y un ataque violento a la libertad de expresión.” Así calificó Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), la decisión del gobernador de Córdoba de clausurar las cinco antenas que habían sido instaladas en la provincia.
Para el titular de la Afsca, como para los integrantes de la Coalición para una Comunicación Democrática (CCD), la actitud del mandatario obedece a dos motivos: su abierto rechazo a la ley de SCA y sus pretensiones de ser candidato presidencial.
De la Sota y Mauricio Macri –potenciales aliados electorales– son los únicos dos mandatarios que no designaron representantes para ocupar un asiento en el Consejo Federal de la Afsca.
El pasado 12 de octubre, Página/12 publicó la argumentación del gobernador para no designar representantes en el Consejo Federal. “Nosotros no tenemos intención de tener ningún canal de televisión del Estado ni radio”, respondió. Pero el Consejo tiene entre sus funciones hacer un seguimiento completo de la ley insistió este diario. “Bueno, seguramente el Gobierno designará un representante”, concluyó.
Hasta el momento se conocía la baja de tres antenas localizadas en Río Cuarto, Leones y Villa María. Sin embargo, en la página web de la gobernación se aclara que también fueron clausuradas las torres ubicadas en Villa Dolores y Malagueño. “Más allá de las inquietudes sobre los aspectos ambientales, las acciones llevadas adelante tienen características desproporcionadas y precipitadas, que se transforman en la realidad en un nuevo obstáculo a la plena aplicación de la ley”, manifestaron los rectores de tres universidades cordobesas. La Universidad Nacional de Río Cuarto tenía todo listo para subir su señal al sistema de TDA, proyecto que quedó trunco.
La TDA permite acceder a una veintena de señales de manera abierta y gratuita. En su incipiente etapa de desarrollo, el Estado planificó el acceso a los sectores más humildes, con la distribución de conversores en distintos puntos del país. En Córdoba ya se habían entregado 107.000 equipos, con un alcance estimado en 500.000 personas. Para muchos, significó su primer acceso a una multiplicidad de canales, antes reservados para quienes podían pagar un abono de cable.
“Estas son acciones violentas y arbitrarias con el objetivo de favorecer a Clarín, sumándose al coro de la estrategia opositora para enfrentar la democratización de la palabra”, agregó Sabbatella a través de un comunicado luego de reunirse con los representantes de las distintas señales de TV digital.
En Córdoba, la empresa Cablevisión, que pertenece al Grupo Clarín, cuenta con 379.678 abonados y posee 33 licencias de cable, cuando por ley sólo puede tener 24.
“La democratización de la comunicación se garantiza desmontando los monopolios mediáticos y abriendo espacios a nuevas voces. Es función del Estado, sea éste nacional, provincial o municipal garantizar el derecho humano a la comunicación”, concluyó la CCD.
CÓRDOBA CONTRA LA CLAUSURA DE ANTENAS
El Ministerio de Planificación de la Nación confirmó que inició acciones legales contra la provincia de Córdoba ante la clausura de tres antenas de la TDA. Rectores universitarios repudiaron la medida ordenada por José Manuel De la Sota.
http://www.diarioregistrado.com/sociedad/70109-cordoba-contra-la-clausura-de-antenas.html
En su carácter de accionista mayoritario de la empresa ARSAT, ese ministerio adelantó que continuará "instrumentando todas las medidas judiciales necesarias para revertir la injustificada y arbitraria clausura de las antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) por parte de la secretaría de Ambiente del Gobierno" cordobés.
Según destacaron desde la cartera a cargo de Julio De Vido, "dicha medida fue tomada en base a excusas burocráticas sin ningún fundamento técnico" y "con el único propósito de censurar a las más de 20 señales públicas y privadas que allí se emiten de forma gratuita, como Encuentro, Pakapaka, TATETI, INCAA TV, TV Pública, TEC, DeporTV, Vivra, Suri TV, Arpeggio, CN23, C5N, Telesur, 360, Construir, CBA24 y Canal 10", entre otras.
En tanto, desde Planificación recordaron que "todos los permisos ambientales fueron solicitados en tiempo y forma, de la misma manera que se hizo en las 63 localidades donde funciona la Televisión Digital, sin que a la fecha se haya registrado ningún reclamo, lo que demuestra la animosidad de la medida, ya que además esta misma tecnología fue aprobada y se utiliza no sólo en otras 20 provincias argentinas sino también en otros países como Japón o Brasil".
Además indicaron que "también se demandará por daños a la empresa EPEC por el incumplimiento del contrato de cesión del predio en el que funcionaba la antena de Río Cuarto, el cual fue rescindido unilateralmente, y se reclamará un resarcimiento de 20 millones de pesos por las inversiones realizadas", según puntualiza un comunicado oficial.
En idéntico orden se manifestaron autoridades de las principales universidades públicas cordobesas, quienes enviaron una carta al gobernador en la cual manifiestan "preocupación" por el cierre de antenas de la TDA.
Tras manifestar la preocupación por el cierre "unilateral" de las antenas de Río Cuarto, Villa María y Leones le recordaron que "las Universidades Nacionales de Córdoba, entre otras, contribuyeron a la generación del colectivo denominado `21 puntos básicos para una nueva ley de radiodifusión democrática`, que constituyó un aporte fundamental en la sanción de la de Servicios de Comunicación Audiovisual".
Y explicaron: "la implementación de la televisión digital en la Argentina constituye una de las herramientas tecnológicas fundamentales para brindar condiciones para el cumplimiento de la ley, fundamentalmente el cambio de concepción que permite considerar el pasaje de la población en tanto destinataria de un servicio comercial a ser titular de un derecho al cual puede acceder de manera gratuita".
Para los principales referentes de las universidades, "la decisión tomada por el gobierno provincial implica directamente imposibilitar a miles de ciudadanos de la provincia de Córdoba del acceso al derecho que le asigna la Ley 26.522 y a las Universidades Nacionales de hacer uso efectivo de las señales asignadas bajo su titularidad por el Gobierno Nacional al impedir los recursos tecnológicos para su emisión".
"De esta manera se afecta también la difusión de contenidos producidos por más de 50 universidades e institutos universitarios públicos nacionales para el Banco de Contenidos Universales Audiovisuales (BACUA), en el marco del convenio suscripto entre el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Planificación Federal a través del Consejo Asesor para la Televisión Digital Terrestre", continuaron.
Por último de manifestaron que "al analizar los hechos sucedidos en los últimos días, no podemos menos que advertir que las acciones llevadas adelante tienen características desproporcionadas y precipitadas que se transforman en la realidad, en un nuevo obstáculo a la plena aplicación de la ley".
Firman la nota, María Cecilia Conci, del rectorado de la Universidad Nacional de Villa María; Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto; Carolina Scotto, rectora de la Universidad Nacional de Córdoba; y Pablo Rosso y Héctor Aiassa, de la Universidad Tecnológica Nacional.
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