Diego Rossi hace un balance de los avances que ha permitido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en materia de televisión, pero señala también los pasos que faltan dar.
Por Diego Rossi *
Cuando los ciudadanos del Area Metropolitana de Buenos Aires viajamos por el país muchas veces nos sentimos “como en casa”. En un comedor de Leones nos acompaña una reposición de Casados con hijos por Telefe u otro canal con logo tricolor que lo repite. Un desayuno en la terminal de Tafí del Valle viene con la inefable Crónica TV. La carga de combustible en Santiago del Estero nos propone la pantalla del Canal 26, con un crimen en el conurbano. A la noche, la TV satelital invita a hacer zapping para no perdernos el “prende y apaga” u otros personajes cotidianos.
Seguramente la mayoría de los porteños sigue creyendo que en el país hay sólo cinco canales de TV (más algunas señales “nacionales” con centro en Buenos Aires). Tampoco resulta extraño en las provincias que cualquier mañana de radio repase el rating de los canales centrales de la noche anterior.
El autobombo de la “censura” de Lanata ayuda a naturalizar el centralismo; el “federalismo” de los programas “cantando rumbo a la fama” contribuye a esta confusión.
¿Es que aquí no ha pasado nada en los últimos años?
Al contrario: aún hay mucho por hacer.
Lo que durante tanto tiempo había sido teoría y buenas intenciones tuvo su oportunidad en 2008/2009: el fuerte apoyo de la Presidencia a un proyecto que abroqueló voluntades políticas, sociales y académicas populares y progresistas generaron la nueva ley.
Pero el Estado argentino venía diseñado para otros fines. Los funcionarios traducían “federalismo” por “autoritarismo gubernamental”; “subsidio” por “reparto de utilidades públicas” y “concurso” por “trámite con resultado potencial”.
Quizá las mayores riquezas y virtudes haya que buscarlas por fuera de los círculos restringidos y viciados; también por fuera de las corporaciones. Así se construyó el debate sobre los medios; así se avanzó por ejemplo en la consolidación de Encuentro como una señal de calidad con financiamiento público.
Varios ministerios, universidades y organizaciones aportan recursos y esfuerzos para una política pública necesariamente transversal. El avance de la Televisión Digital Abierta (TDA) permite difundir nuevas señales estatales. Y reconoce derechos de recepción gratuita a quienes menos deben ser cautivos del abono de TV por cable. Ciertamente, los permisos a señales comerciales en la TDA no pueden ser eternamente provisorios. Tampoco debe permitirse que las estructuras instituidas sigan obturando el cambio.
Los nuevos Polos Audiovisuales, articulados con el Banco de Contenidos, hacen realidad la creación de documentales y programas de ficción en lugares donde nunca se hubiera podido “con la mano invisible del mercado”. Todavía no conmueven las estructuras de producción audiovisual vigentes desde la década del ’60; sí muestran un camino sobre terreno fértil en capacidades de realización.
Quienes apoyan la democratización de las comunicaciones hoy pueden medir críticamente el grado de cumplimiento de compromisos de políticas públicas como una cuestión “de laboratorio” (cantidad de canales y señales, permisos de emisión y cumplimiento reglamentario, evolución del mercado publicitario, caracterización política de relaciones conservadoras y prebendarias).
También pueden seguir bregando no sólo por un plan técnico sino por una política dinámica y proyectar la sustentabilidad del sistema de medios no sólo al horizonte cercano (empresarios, conocidos y mercados acotados).
Es importante ampliar la cantidad de canales, con oportunidades ciertas para los licenciatarios privados sin fines de lucro. Pero la historia de las políticas de comunicación (en América latina de los ’70, en Europa de los ’80 y también en algunas provincias) nos ha enseñado que aun abriendo las formas de propiedad, deben generarse cambios culturales en los que producen, comercializan y consumen radio y TV.
Resulta valorable el debate sobre el Fútbol para Todos; más aún el avance en el acceso universal a contenidos de interés relevante, y todo lo que lleve a cumplir con las cuotas de producción nacional y local, junto a las restricciones al funcionamiento de redes.
Debemos sostener fórmulas no improvisadas pero sí atrevidas, que fortalezcan acuerdos entre actores sociales que aporten creatividad, trabajo y alternativas de financiamiento para ser autosustentables.
El 7 de diciembre, muchos apoyaremos la necesaria desconcentración por aplicación del artículo 161 de la Ley 26.522 a los grupos Clarín, Telefónica, Vila-Manzano, Cristóbal López y/o Hadad residual, entre otros.
El 10 de diciembre, en otro aniversario del Día de los Derechos Humanos, podremos celebrar avances en distintos campos y también expresar “Nunca Menos” en el aseguramiento de los derechos a la comunicación para todos y todas.
* Licenciado en Comunicación. Docente-investigador Fsocuba.
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