El juez Ercolini y sus favores a Clarín

08-03-2012

El mismo juez que hace 5 años jugó un papel clave en el armado del conglomerado del multimedios que resultó de la fusión Cablevisión-Multicanal, es el que hoy tiene a su cargo la causa de Papel Prensa por delitos de lesa humanidad. Ercolini, Alberto y el juego de Clarín.

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El 7 de diciembre de 2012, el juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal N° 10, resultó sorteado en la querella promovida por la Subsecretaría de Derechos Humanos para que se investigue si la transferencia accionaria de Papel Prensa a favor de Clarín, La Nación y La Razón tuvo por objeto que los principales diarios encubrieran delitos de lesa humanidad haciendo posible la dictadura militar y su plan de exterminio.

El asunto es que esta no es la primera vez que Ercolini lleva una causa que le interesa al Grupo Clarín. En el año 2007 ya intervino en un caso donde se cuestionaba la licitud de la fusión Multicanal-Cablevisión y se denunciaba su afán monopólico. En aquella ocasión, la actuación del juez redundó en un notable apoyo a la escalada de Clarín en la concentración de medios. Al momento de designar un perito, el juez ignoró la lista de peritos oficiales que la Corte Suprema lleva a esos efectos y designó a otro que curiosamente resultó favorable a  Clarín.

La fusión permitió al Grupo Clarín sumar el oligopolio del cable a su conglomerado de papel prensa, radios, canales de TV, diarios, revistas, internet y editoriales, entre otros negocios accesorios.

Viene bien recordar que entre los antecedentes que ostenta el juez Julián Ercolini, antes de ser designado juez federal, figura el haber integrado la cátedra de Derecho Penal en la UBA desde 1982. En 1987 ingresó en esa misma cátedra el ex director estatal en Papel Prensa SA Alberto Fernández. A pesar de que el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner lo ha negado, muchos lo señalan como el operador de Clarín ante el gobierno. Los periodistas Abiad y Thieberger, en el libro Justicia era Kirchner, afirman que ese vínculo forjado en la academia entre Alberto Fernández y Ercolini fue uno de los trampolines para su designación como juez federal en octubre de 2004.

Los grandes negocios de la cri$i$

Corrían los duros tiempos del 2002, cuando la parálisis económica dejó a gran parte de los argentinos sin trabajo y sin ahorros. Entre tanto, algunas grandes compañías aprovecharon la crisis para presentar procesos concursales en los tribunales comerciales y así descargar las consecuencias de la devaluación del peso argentino en los pequeños acreedores, en su mayoría ahorristas que compraron obligaciones negociables en la bolsa. Una de ellas fue Multicanal SA. Esta compañía controlada por Grupo Clarín SA presentó un acuerdo preventivo extrajudicial -conocido en la jerga judicial como APE- el 12 de agosto de 2003, el cual fue aprobado por los jueces el 4 de octubre de 2004. Los acreedores fueron sometidos a quitas y esperas y la empresa pasó de contabilizar pérdidas a liquidar ganancias millonarias.

Poco después, la principal compañía de cable controlada por Liberty Media, Cablevisión SA, le siguió los pasos. El 14 de mayo de 2004, Cablevisión presentó su propio APE ante la justicia comercial. Lo que pocos sabían entonces es que de la mano de ese proceso armado con el fin de reducir la deuda de la empresa venía atada la compra del paquete de control de Cablevisión por Fintech, un fondo especulativo dirigido por el mexicano David Martínez. El representante de Fintech Media, una sociedad del grupo creada en el paraíso fiscal de Delaware a propósito de este negocio, era Julio Herrera, un broker que declaró en los tribunales que no sabía nada de la industria audiovisual porque se dedicaba a negociar títulos.

La relación entre Fintech y Grupo Clarín se remontaba al proceso de APE de Multicanal. Allí Fintech participó como acreedor, dado que en la época del default había adquirido múltiples títulos del Estado argentino y de empresas privadas argentinas en dificultades. El plan consistía en que el fondo especulativo aportaría la financiación para hacer frente al APE siempre que los abogados locales se encargaran de reducir la deuda de la empresa con los artificios concursales. A cambio de ese desembolso Fintech compraría Cablevisión a Liberty Media, al mismo tiempo que suscribía una opción de compra del 60% de las acciones adquiridas en favor de Grupo Clarín.

Ahí estaba lo más interesante del negocio que supo ver David Martínez: la venta del control de Cablevisión a favor de Clarín estaba sujeta tanto a la homologación del APE como al compromiso de fusionar Multicanal y Cablevisión. De este modo, Fintech dejaría de ser controlante de la principal empresa de cable -que no le interesaba gestionar porque los fondos especulativos no se ocupan de eso- para transformarse por obra de la fusión en el dueño del 40% de una empresa oligopólica del cable, ya saneada, que multiplicaría varias veces su valor, no sólo por su vasta penetración en el mercado, sino por su innegable incidencia en la estructuración del consenso a través de la información.

La llamada Ley Clarín había impedido que los fondos buitres tomaran el control de Multicanal al prohibir que los fondos extranjeros puedan ser titulares de más del 30% de una empresa de medios. El colmo de Clarín fue violar la Ley Clarín: ideó la compra del control de Cablevisión por Fintech y la sucesiva fusión Multicanal-Cablevisión que sería el punto cúlmine del control de los medios que Héctor Magnetto venía tejiendo, puntada tras puntada, desde 1976 cuando se hizo de Papel Prensa.

Por motivos que aún no están del todo claros -algunos especulan que Clarín tenía que pagar a Fintech por la financiación de la compra de sus propias acciones en Cablevisión- apenas homologado en primera instancia el APE de Cablevisión, el 2 de mayo de 2004, la empresa se lanzó al plan de emitir 700 millones de dólares en obligaciones negociables de la compañía para su venta en el mercado de valores. Era el paso final. ¡Todo venía saliendo tan bien! La ley Clarín, el exitoso APE de Multicanal y los acuerdos subyacentes al APE de Cablevisión consagrarían a Héctor Magneto como el Murdoch latinoamericano. Según estaba proyectado, luego de alzarse con el mayor oligopolio de medios jamás pensado en la Argentina, planeaba extender sus raíces en el exterior.

Pero alguien pensó que este plan no era bueno. El 27 de abril de 2007 la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó, impugnó por fraude el APE de Cablevisión. En un extenso dictamen de 90 hojas denunció como ilícito el APE, la operación de transferencia accionaria y la fusión monopólica. Como la fiscal entendió que hubo un fraude a los obligacionistas comunicó inmediatamente el dictamen a la Comisión Nacional de Valores. 

Esa comunicación de la fiscalía a la autoridad del mercado de valores derivó en sucesivas fatalidades: la notificación del dictamen fiscal denunciando fraude frenó la nueva emisión de obligaciones negociables de Cablevisión por 700 millones de dólares. Fuentes cercanas al caso especulan que ese impedimento obligó a la controlante Grupo Clarín a vender sus propias acciones el 11 de octubre de 2007 para obtener del mercado una cifra similar de 540 millones de dólares.

El fraude a las AFJP 

Para conseguir ese dinero Grupo Clarín debió ocultar en el Prospecto de Emisión que en la justicia estaba pendiente de resolución la nulidad del APE de Cablevisión y, por ende de la fusión, planteada por el Ministerio Público Fiscal. Con las puertas que abría su socio Goldman Sachs, Clarín consiguió dictámenes favorables de las calificadoras de riesgo que tampoco tuvieron en cuenta que la operación estaba impugnada en los tribunales. Se jactaron de ser los titulares del conglomerado más enorme de cable por virtud de la exitosa fusión y vendieron los títulos en 28 a 35 pesos por acción. Al poco tiempo llegaron a valer 9. Los principales compradores fueron las AFJP que cargaron con el muerto.

Había que encargarse de Gils Carbó porque su dictamen ponía en peligro la operación de la fusión Multicanal-Cablevisión que dependía de la homologación del APE y mostrar a los jueces de lo que eran capaces si se les ocurría contrariar los intereses del Grupo. El 1º de julio de 2007, Cablevisión le inició una querella a la fiscal por abuso de autoridad que fundó en el hecho de que la ella no habría escrito el dictamen del APE de Cablevisión. 

La causa resultó adjudicada al juez Ercolini por su conexidad con otra querella anterior promovida por el estudio del diputado Ricardo Gil Lavedra como abogado de la ex jueza Norma Di Noto. En esa causa Di Noto acusaba a Gils Carbó por falso testimonio a raíz de haberla denunciado ante el Consejo de la Magistratura por su actuación en el concurso de Sociedad Comercial del Plata. La Corte anuló el acuerdo preventivo de esa empresa a raíz de las denuncias de la fiscal pero la causa penal aún sigue en trámite.  

Un juez aliado al Grupo

Pese a que no había ningún elemento que justificara la radicación de la denuncia en la justicia federal –según lo resolvió luego la cámara- Ercolini dio marcha a la querella y la remitió al fiscal Di Lello, quien solicitó que se investigue ampliamente la conducta de la fiscal. Cablevisión había adjuntando un informe realizado por el semiólogo Eliseo Verón -ex director del Máster de Periodismo de Clarín en la Universidad de San Andrés. Verón sostuvo que el dictamen no había sido escrito por la fiscal, luego de compararlo con otros tres dictámenes de su fiscalía. Ercolini pasó por alto que cualquier magistrado tiene un equipo de funcionarios que redactan los proyectos que firman y que cualquier juez, hasta la misma Corte, podría ser querellada con el mismo argumento. Cuanto más arbitraria fuera la persecución, más aleccionador sería el embate contra cualquier juez que osara contrariar a Clarín.

Ercolini les hizo un favorazo. El 8 de octubre de 2007 designó un perito oficial para realizar un nuevo peritaje semiológico cotejando un cuerpo de dictámenes que debió proporcionar la fiscal imputada ignorando el Listado Oficial que proporciona la Oficina de Peritos de la Corte con "Especialistas en Linguística y Semiología" -según Acordada 22/2005 [ver Acordada]. O sea, en vez de nombrar un perito oficial autorizado por la Corte -como es obligatorio para los jueces- mandó un oficio pidiendo un experto a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA [ver Fallo].

Los astros se alinearon y la propuesta de la Directora del Instituto de Linguística, Elvira Narvaja de Arnoux, benefició al licenciado Oscar Traversa [ver], a quien otros profesores de la Universidad de Letras calificaron como viejo amigo y colega de Eliseo Verón, con quien se repartían los cursos y compartían publicaciones. Como era de esperar, el dictamen de Traversa tampoco fue favorable a Gils Carbó. Pese a ello, más adelante fue sobreseída en la justicia de instrucción, luego de que la Sala I de la Cámara Criminal Federal resolviera que no había ninguna razón para que la causa tramitara en el fuero federal quitándole el expediente a Ercolini.

Cuando llegó la causa al juzgado de Instrucción N° 15, Ercolini había hecho tan bien su trabajo que al juez Cresceri no le quedó otra que citar a la fiscal a declaración indagatoria. En esa oportunidad, la fiscal denunció que la causa penal había sido un artilugio para amedrentarla y mantenerla en silencio, con el fin de evitar que denuncie el fraude cometido por Clarín contra las AFJP que describió con lujo de detalles.  

Entretanto, el 31 de marzo de 2008, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial aprobó el APE y las transferencias accionarias impugnadas rechazando las acusaciones de la fiscalía.

Ahora resulta que el magistrado federal que asumió un papel clave para hacer posible la fusión monopólica que permitió a Cablevisión deglutir a los cableoperadores del interior y acrecentar su poder de coacción -del mismo modo que Papel Prensa facilitó a Clarín deglutir otros medios gráficos e impedir su crecimiento- tiene la tarea de juzgar si la piedra angular de ese imperio mediático, o sea Papel Prensa SA, fue constituida mediante amenazas y con el plan de silenciar un plan de exterminio social y económico.

Muchos se preguntan cómo es posible esperar un juicio independiente de un juez que ya eligió cometer una falta tan grave como obviar la lista oficial de peritos para ayudar al sueño imperial de Magnetto. Con el agravante de que si alguna vez la justicia se toma en serio las denuncias por asociación ilícita y administración fraudulenta en Papel Prensa, las investigaciones podrían arrastrar al director estatal en la compañía durante los años 2007/9, su ex colega de cátedra Alberto Fernández.

En su momento, un par de fiscales reclamaron a Ercolini por lo que consideraban un maltrato a su colega fiscal, dijo una fuente. El juez intentó apaciguarlos con una frase que hoy se torna emblemática: “No pasa nada –los tranquilizó- Estoy haciendo un jueguito”.