Procesan a tres funcionarios macristas por la apropiación del cine Los Ángeles

Son los mismos imputados en la causa por la tragedia del boliche Beara, en 2010, y se los acusa ahora, junto a dos empresarios, de haber perjudicado a un productor que tenía los derechos de explotación de ese complejo.

http://tiempo.elargentino.com/notas/procesan-tres-funcionarios-macristas-apropiacion-del-cine-los-angeles

 
 

Tres funcionarios macristas y dos empresarios fueron procesados por la “apropiación” del complejo teatral Los Ángeles, a partir de la denuncia de un productor.
Se trata del ex director general de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell, el ex jefe del Departamento de Transferencias Simples, Martín Córdoba, y el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Seiskuscas, los tres implicados en la causa por el derrumbe de un entrepiso del boliche Beara, ocurrido el 10 de septiembre de 2010.

“Donde los sueños se hacen realidad.” El slogan de Disney retumbó en los parlantes del cine teatro Los Ángeles durante décadas. Se trató de la primera sala dedicada a Walt Disney en el mundo y reducto de varias generaciones de niños. En marzo de 2008, el productor Fabián Rodríguez adquirió el fondo de comercio que administraba el cine Los Ángeles y se asoció con Aldo Funes y Javier Noguera para acondicionarlo y así convertirlo en un complejo con dos salas. A los pocos meses, la pesadilla de Rodríguez se haría realidad: durante unas vacaciones, “Noguera y Funes concretaron la apropiación con el aval de la escribana Martha Vengerow, que dio el visto bueno a una firma falsificada del denunciante”, según consta en el expediente.

Luego de realizar la denuncia, el complejo fue clausurado, pero días después, Rodríguez sufrió el robo de los planos del teatro y con esa documentación hurtada, los denunciados se presentaron ante el gobierno porteño. 

Noguera y Funes consiguieron que los funcionarios macristas les concedieran la habilitación para el Complejo y según la fiscal Carbo, los funcionarios actuaron sabiendo que los papeles y títulos de propiedad que presentaban eran “ilegítimos”. 

Inclusive, en el expediente consta que el procurador general porteño Ramiro Monner Sanz informó la irregularidad a todas las dependencias de la ciudad. En consecuencia, el juez de Instrucción Ricardo Warley procesó a los funcionarios, quienes a pesar de este dictamen, siguen trabajando en dependencias del gobierno porteño.