De la Sota no responde a los reclamos por la TV digital

Las transmisiones gratuitas continúan interrumpidas en Río Cuarto.

El consejo federal de comunicación sigue sin representantes de córdoba.

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A pesar de acusar permanentemente al Estado Nacional de no dialogar ni sentarse en una mesa para debatir, en materia de televisión digital gratuita, José Manuel de la Sota recorre el mismo camino que tanto critica. 

No sólo se negó a recibir a la Defensoría del Público en su despacho, cuando una delegación del organismo quiso entregarle personalmente miles de reclamos de ciudadanos cordobeses que se habían quedado sin señal luego que la provincia diera de baja varias antenas de transmisión. Sino que además, prohibió a sus funcionarios formar parte del Consejo Federal de Comunicación. El espacio constituye un ámbito clave de intercambio sobre el funcionamiento de los medios audiovisuales en todo el país, donde cada provincia tiene reservado un lugar para participar en el desarrollo y puesta en práctica de políticas públicas vinculadas a los medios. Pero la silla de Córdoba está vacía.

En una carta fechada el pasado 28 de febrero dirigida al fiscal de Estado Jorge Eduardo Córdoba, la titular de la Defensoría, Cynthia Ottaviano, solicitó una "rápida propuesta de designación del representante de la Provincia de Córdoba en el Consejo; de ese modo la provincia podrá canalizar formalmente las inquietudes de la autoridad local respecto al Público en el ámbito pertinente". El Consejo fue creado en el ámbito de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para, entre otros fines, "colaborar y asesorar en el diseño de la política pública de radiodifusión", "presentar ante el Defensor del Público los requerimientos del público cuando se solicitare esa intervención", y "proponer la adopción de medidas a la autoridad de aplicación". 

De la Sota no sólo no participa, sino que además decidió unilateralmente interrumpir el servicio de TDA por supuestos perjuicios al medio ambiente, desmentidos por estudios técnicos que contradicen al gobernador. La Universidad Tecnológica Nacional, la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Nación, por ejemplo, confirmaron que las emisiones no atentan ni contra el ambiente ni sobre la salud de las personas.

Hace varias semanas, y con esa excusa, la gobernación había dado de baja las torres de transmisión en localidades como Leones, Villa María y Río Cuarto. Pero en el caso de las dos primeras, debió recomponer la señal, obedeciendo un fallo de la justicia federal cordobesa. 

Con respecto a Río Cuarto, Ottaviano  también solicitó explicaciones de por qué continúa cortado el servicio en el lugar. La Defensoría recibió más de mil firmas de vecinos cordobeses damnificados de esa zona del país, y de instituciones como el Programa Universitario de Comunicación Audiovisual para la República Argentina (PUCARA), el Instituto de Extensión, UNVM-SPU, la Cooperativa de Trabajo AYLLU, el Nodo Audiovisual Tecnológico Río Cuarto y el Polo Audiovisual Tecnológico Centro, entre otros.

Ni De la Sota ni sus funcionarios ambientales respondieron a las preguntas del organismo, pero sí transmitieron una consulta insólita en un mensaje recibido por Ottaviano la semana pasada. El fiscal la instó a que interviniera en cuestiones vinculadas a la coparticipación federal, tema absolutamente alejado de la competencia de la Defensoría. Y le manifestó que la provincia "repudia" la presencia de antenas "ilegales".

A través de un informe, la Defensoría sostuvo que "el sistema de TDA repudiado por De la Sota es el único en la provincia que permite mirar televisión de manera gratuita. Quien no lo tiene debe contratar cableoperadores a un alto costo mensual".

Aproximadamente medio millón de cordobeses llegaron a quedarse sin el servicio, cuando el gobernador interrumpió las señales.