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El Decreto 358/73 le otorgaba todas las atribuciones propias del Ente de Calificación y le encomendaba que en tres meses redactara un anteproyecto de ley de censura para sustituir a la Ley 18019. Aun cuando no tenía otra opción que recurrir a la normativa vigente, su designación significaba un giro copernicano en la política censoria. La designación de un realizador y militante como Getino pudo sorprender a muchos, pero también es cierto que respondía a la lógica de los enfrentamientos internos del peronismo.
Desde el punto de vista doctrinario, explicó que su gestión se iba a inspirar “en la voluntad de liberación que está representada en la doctrina justicialista. Hay que terminar con los elementos de represión. Debemos colocar a la censura en un terreno que facilite la comunicación del espectáculo cinematográfico con el espectador”. En cuanto al funcionamiento del organismo, agregaba que, según el Decreto, él reemplazaba al Director General y al Consejo Asesor Honorario que lo secundaba: “La responsabilidad de la calificación va a ser absolutamente mía por ahora, ya que –pienso que desde la semana próxima– se nombrará un Consejo Asesor Provisorio que me acompañará”.
“El problema de la censura –continuaba Getino– no es sólo la Ley 18019. Es muchísimo más complejo y en él se incluyen las limitaciones de los medios de comunicación y las lógicas inhibiciones de tantos años de represión. (...) Hay que descomprimir esas presiones y solucionar muchos problemas importantes, uno de los cuales, el de la minoridad, es el que más preocupa al gobierno. Por lo tanto, seguirán las restricciones por edad como es natural, pero pienso que no habrá necesidad de cortes. Yo estoy en contra de los cortes y creo que no firmaré ninguno, pero ojo, que esto no significa que habrá piedra libre para cualquier película”.
Uno de los problemas que debía enfrentar era el de las películas ya prohibidas, a las que se sumaban las que habían sido autorizadas pero con cortes: “En cuanto a las últimas, es una cuestión técnica que, llegado el caso, habrá que estudiar. Respecto a las primeras, se ha pedido una lista con todas las películas prohibidas desde la aplicación de la Ley 18019 y se volverá a contemplar cada caso”.
Su propósito era comenzar a trabajar en forma inmediata sobre el proyecto de la nueva ley de control cinematográfico: “Ya la semana que viene se hará la primera convocatoria a la gente que me asesora. Gente de cine, de la minoridad, sociólogos, psicólogos, sacerdotes, en fin, de todos los sectores idóneos en el problema”.
Años después explicó: “Yo nunca me había imaginado en ese puesto. Teníamos, sí, una política crítica frente al Ente de censura, pero carecíamos de una política afirmativa para conducir una labor de calificación. Eso habla a las claras de una carencia inaugurada con las victorias electorales del 73”. A pesar de ese reconocimiento, Getino impuso un cambio radical en la política de control conocida en el país. A la llamada “primavera camporista” le correspondió una “primavera censoria”.
“La designación de Octavio Getino al frente del Ente –editorializó la Gaceta– entraña una revolución en materia de censura. Por primera vez desde que existe la fiscalización oficial de películas en la Argentina, el organismo respectivo no está bajo la dirección de católicos estrechamente vinculados a las altas jerarquías de la Iglesia (...)”.
Como las leyes impedían el despido de los empleados públicos estables, Getino le impartió al personal del Ente “orientaciones más o menos precisas para la calificación, acordes con la ley vigente, pero interpretada ésta desde la nueva perspectiva que el pueblo argentino había instalado. El material más importante lo sometí sin embargo a una comisión asesora, integrada por figuras altamente representativas de la vida nacional. (…) A ellos se sumaron también funcionarios designados por los organismos de gobierno y por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (era la primera vez que tomaba injerencia en esa labor). Finalmente, se invitó también a participar a la Confederación General del Trabajo, como expresión de las grandes masas de trabajadores y de ‘consumidores’ de cine. Era la primera vez que la CGT intervenía en la calificación de películas. Obviamente, hice cesar en su gestión a los asesores anteriores de tipo honorario, procedentes de las conocidas ligas de padres y madres de familia, protección a la infancia, protección al menor, etc”.
Para el caso de abierta pornografía, “eligió el camino de ‘demorar’ su calificación, a la espera de su calificación dentro de la ley que estábamos elaborando. Hubo una sola prohibición y a pedido del propio distribuidor, ya que ello le permitía recuperar el importe de la compra en el extranjero. Era un documental italiano referido al África, que a juicio de la comisión asesora, con la cual yo coincidí totalmente, significaba una interpretación netamente racista y colonizante del pueblo africano”.
La prensa corporativa daba por descontado que las llamadas películas políticas serían habilitadas. De ahí que enfatizaran, en cambio, la apertura hacia los films con otras temáticas: “Nuevas fronteras de permisividad abrió el estreno de Decamerón”. La Gaceta observaba que su estreno había tenido buena recepción pero que, “pese a que se ven genitales de ambos sexos y el acto sexual”, de todas formas las salas no se llenaron. “En un mundo donde la revolución sexual se ha consumado en la realidad, estas audacias han dejado de tener el efecto de otros tiempos. (...) Constituyen, a lo sumo, una novedad como espectáculo, y muy probablemente su éxito dependerá del ingenio y de la validez con que se las emplee”.
A continuación autorizó La chinoise, prohibida en 1970; Los demonios, prohibida en 1971, y Puntos suspensivos de Edgardo Cozarinsky. Con motivo del film de Ken Russell, el periodista Homero Alsina Thevenet observó que “la escena en la cual el padre Grandier baja de la cruz y hace el amor con la madre superiora fue recortada en la Argentina, presumiblemente por la empresa distribuidora, pero existe en la versión original y explica la resistencia católica que comenzó cuando el film fuera exhibido en Venecia. Ha quedado entera la otra escena en que las monjas hacen su propia parodia, ligeramente lesbiana, del casamiento en cuestión”.
Getino no se limitaba a autorizar películas hasta entonces prohibidas. Comenzó a organizar reuniones con las partes interesadas para intercambiar ideas acerca de la nueva ley. Primero se reunió con las asociaciones de Distribuidores, de Exhibidores Independientes, de Productores de Películas Argentinas, de Empresarios Cinematográficos, de Exhibidores de la provincia de Buenos Aires, de Productores Independientes, dac, fadec, el Film Board, etc. En general, todos coincidían en retomar la calificación de “inconveniente” para menores de 14 y 18 años, suprimir el visado previo de guiones y calificar, separadamente, las colas del film.
Después mantuvo reuniones con quienes pasaron a integrar el nuevo consejo de asesores: los curas Jorge Vernazza y Rodolfo Richiardelli (sacerdotes para el Tercer Mundo), René Mugica, Humberto Ríos, Carlos Mazar y Rodolfo Kuhn (directores de cine), Agustín Mahieu y Edmundo Eichelbaum (periodistas), Antonio Caparrós, Alcira Argumedo y Jorge Carpio (sociólogos), Leopoldo Marechal (escritor), Hernán Keselmann (psicólogo) y Horacio Recalde (abogado). Y por fin pasó a las reuniones con los organismos estatales incluidos por la Ley 18019: ministerios de Defensa, del Interior y de Relaciones Internacionales, los cuales, de todas formas, no designaron a sus representantes ante el Ente.
Para dinamizar su gestión, a principios de septiembre Getino sancionó una resolución que restablecía las calificaciones de inconveniente para menores de 14 o de 18 años. En forma inmediata aparecieron las objeciones jurídicas: la categoría “inconveniente” estaba excluida de la Ley 18019 y, para modificar una ley o un decreto era necesaria otra ley o decreto, no alcanzaba con una resolución de un organismo. La asesoría jurídica del Ministerio de Educación emitió un dictamen contrario a la medida y Getino debió derogar la resolución.
Desde el punto de vista comercial, la nueva política permitía el estreno exitoso de películas locales que se encontraban con su público, y de extranjeras prohibidas que, como es razonable, muchos querían ver de una buena vez o verlas sin cortes. Los exhibidores las mantenían en cartel sencillamente porque eran exitosas, pero eso alteraba los planes de los distribuidores, que habían adquirido material y precisaban lanzarlo al mercado para recuperar la inversión. Y en este negocio, es bueno recordarlo, quienes manejan en última instancia el mercado son las distribuidoras internacionales.
Continuaba la revista: “¿Qué pasará si se decide estrenar simultáneamente todo el material recientemente autorizado o el que seguramente en breve se autorizará? ¿Qué va a pasar si a los éxitos del momento se le suman, por ejemplo,La naranja mecánica, Los demonios, Último tango en París y Los cuentos de Canterbury? La primera conclusión seguramente provendrá de la creación de una nueva corriente de público, la del gusto sobre lo prohibido que podría llegar a psicosis, con el evidente perjuicio para las no enroladas en esa corriente. ¿O acaso no ha variado el negocio para quien haya comprado los derechos de películas que hace unos meses podrían resultar taquilleras por fuertes y ahora, por comparación, no arrastrarían en la medida prevista? Claro que es un problema de comercialización, ajeno totalmente a la actividad del Ente, pero convendría evaluarlo para no perder el equilibrio del negocio. Indudablemente, la transformación –reiteramos, absolutamente positiva– en nuestra censura beneficiará a las distribuidoras extranjeras que tienen el material más fuerte y en mayor cantidad, aparte de contar con las mejores posibilidades de exhibición. Para los independientes y muy especialmente para los films argentinos, el problema de las bocas de salida puede tornarse grave, más aun cuando no se cuenta con una ley que regule adecuadamente”.
Esta paternal preocupación por los distribuidores independientes y las producciones locales era un adorno demagógico para disimular la inquietud central del mercado. Las “películas políticas” nacionales autorizadas no eran tantas. Sólo podían provocar una alteración coyuntural del negocio. La preocupación de los distribuidores –y en igual medida de los exhibidores– era que esa limitada cantidad de películas pudieran convertirse en una corriente o línea de trabajo para la cual existía un público sediento. El problema no eran esas pocas películas del año 1973 sino las que podían venir; en síntesis, la amenaza de un cine nacional exitoso, de cualquier género. En la medida en que la censura no les pusiera límites, se trataba de una amenaza real dentro de las limitaciones de un país dependiente. En tal sentido, la gestión Getino era más un peligro que un alivio para los exhibidores y distribuidores.
Se entiende así la conclusión a la que llegó el Heraldo a la semana siguiente: “La euforia –quizás desmedida– que conquistara a distribuidores y exhibidores y que Heraldo oportunamente analizara se fue decantando en la ultima semana, hasta dejar como sedimento las primeras grandes dudas sobre la manera de encarar el futuro del negocio”.
Como si no hubiera tenido suficiente con ese problema, Getino, además, se encontraba con la avidez del lucro inmediato de las distribuidoras medianas, pequeñas y/o independientes, que decidieron aprovechar la nueva política para importar docenas de films eróticos y pornográficos. El interventor se reunió con ellos y les pidió que colaboraran con una selección más amplia de títulos, para que la libertad no fuera la coartada para traer películas rayanas en la pornografía. Esta sugerencia, “si bien no fue desestimada, tampoco se la aceptó unánimemente de buen grado. Por un lado, el distribuidor independiente no puede arriesgar dólares que pueden llegar a doler en adquirir títulos de excelente comercialidad con el peligro de su no estreno; por el otro, el Ente se vería obligado a perder terreno psicológicamente, prohibiendo películas a fin de preservar –según su criterio– la salud y la educación del pueblo”.
Esa semana el Ente había recibido para calificar 17 películas, de las cuales por lo menos 9 eran pornográficas. “De seguir esta tendencia me veré obligado a replantear el criterio defendido hasta ahora y que me propuse sostener, al menos, hasta el término de mi desempeño”, debió aclarar Octavio Getino a la prensa.
Las fuerzas católicas conservadoras estaban al acecho. Los distribuidores, en vez de coordinar sus acciones con Getino, provocaron al frente censorio con la importación de films pornográficos que les aseguraban ganancia fácil de corto plazo. Ante ese panorama, Getino denunció “de manera especial a una película ‘piloto’ de origen alemán con la cual quieren iniciar un tipo de negocio, encubierto por la falsa finalidad educativa de tal película, simple pretexto que permite mostrar actos sexuales desprovistos de arte o de serios propósitos didácticos; (…) hay instituciones muy importantes que están formulando protestas y organizándose para una lucha en todos los niveles contra los nuevos procedimientos adoptados por el Ente”.
Al cumplirse el primer mes de su gestión, Getino volvió a reunirse con los distribuidores. Inmediatamente después declaró que el 50% de los films presentados para calificar eran pornográficos o algo muy parecido, y que la flexibilización de la censura no les daría lugar durante la vigencia del Decreto 18019. Y aclaró: “El gobierno nacional no promoverá ni avalará la difusión de material cinematográfico que, con propósitos netamente comerciales, tiendan a hacer del espectador argentino un objeto de consumo y no un sujeto hacedor de cultura”.
Sin decirlo abiertamente, se planteaba el problema de la regulación estatal del mercado cinematográfico tanto por razones de funcionamiento comercial como de proyecto cultural. Librados a su propia dinámica, los sectores de la economía cinematográfica local entraban en conflicto con el proyecto oficial. Dentro del marco de un gobierno peronista, era como volver a los debates originados en torno a la figura de Apold pero con otras condiciones históricas.
Con las luchas internas del peronismo como referencia, se había producido un movimiento de pinzas contra la nueva política. De un lado presionaba el puro cálculo comercial del frente integrado por los exhibidores y los distribuidores. Del otro, la implacable vocación de control cultural de la derecha católica. Suponer que se pusieron de acuerdo es una hipótesis indemostrable. Pero, en los resultados de la política concreta, funcionaron como aliados de hecho. Entre el temor de los empresarios por perder el control del negocio y el temor conservador de perder el control ideológico de la sociedad, la apertura encabezada por Getino ya no tenía futuro. El desarrollo de la interna peronista a favor de las fuerzas conservadoras y de derecha les dieron el marco político apropiado a los intereses del negocio y la censura.
Año 7. Edición número 315. Domingo 1 de Junio de 2014
El libro Cines rigurosamente vigilados. Censura peronista y antiperonista 1946/1976, se presentará el martes 17 de junio a las 19 en la Casa de la Cultura Armenia (Niceto Vega 4764, CABA). En la mesa estarán Horacio González, Fernando Peña, Julio Raffo y el autor, Hernán Invernizzi.
Madrid, 1971. Gerardo Vallejo, Fernando Solanas y Octavio Getino junto a Juan Domingo Perón, una postal de época./ Hernán Invernizzi y la portada de su reciente cines rigurosamente vigilados.
Anticipo. Cines rigurosamente vigilados. Hernán Invernizzi.
El libro de Hernán Invernizzi bucea en tres décadas (1943/1976) de censuras cinematográficas. En este fragmento, se reproduce un momento de tensión dentro del peronismo, el de Octavio Getino al frente del Ente de Calificación.
A principios de agosto de 1973, Octavio Getino fue designado interventor del Ente de Calificación Cinematográfica: había nacido en León, España, pero se radicó muy joven en la Argentina; fue codirector de La hora de los hornos (junto con Fernando Pino Solanas), director de El Familiar (1974) y cofundador del Grupo Cine Liberación. Se desempeñó como consultor de diversos organismos internacionales, presidió el INC y fue uno de los investigadores referenciales sobre cine y medios de comunicación en la Argentina y América latina. Falleció en Buenos Aires el 1º de octubre de 2012.
El Decreto 358/73 le otorgaba todas las atribuciones propias del Ente de Calificación y le encomendaba que en tres meses redactara un anteproyecto de ley de censura para sustituir a la Ley 18019. Aun cuando no tenía otra opción que recurrir a la normativa vigente, su designación significaba un giro copernicano en la política censoria. La designación de un realizador y militante como Getino pudo sorprender a muchos, pero también es cierto que respondía a la lógica de los enfrentamientos internos del peronismo.
Él mismo explicó que había sido propuesto “dentro de una terna de cuatro o cinco personas más, que suscribían numerosas agrupaciones peronistas políticas, juveniles e intelectuales del peronismo, particularmente vinculadas a la rama de la juventud y a sus núcleos más combativos. El ministro de Educación, doctor Taiana, me eligió a mí entre los nombres propuestos”.
Desde el punto de vista doctrinario, explicó que su gestión se iba a inspirar “en la voluntad de liberación que está representada en la doctrina justicialista. Hay que terminar con los elementos de represión. Debemos colocar a la censura en un terreno que facilite la comunicación del espectáculo cinematográfico con el espectador”. En cuanto al funcionamiento del organismo, agregaba que, según el Decreto, él reemplazaba al Director General y al Consejo Asesor Honorario que lo secundaba: “La responsabilidad de la calificación va a ser absolutamente mía por ahora, ya que –pienso que desde la semana próxima– se nombrará un Consejo Asesor Provisorio que me acompañará”.
“El problema de la censura –continuaba Getino– no es sólo la Ley 18019. Es muchísimo más complejo y en él se incluyen las limitaciones de los medios de comunicación y las lógicas inhibiciones de tantos años de represión. (...) Hay que descomprimir esas presiones y solucionar muchos problemas importantes, uno de los cuales, el de la minoridad, es el que más preocupa al gobierno. Por lo tanto, seguirán las restricciones por edad como es natural, pero pienso que no habrá necesidad de cortes. Yo estoy en contra de los cortes y creo que no firmaré ninguno, pero ojo, que esto no significa que habrá piedra libre para cualquier película”.
Uno de los problemas que debía enfrentar era el de las películas ya prohibidas, a las que se sumaban las que habían sido autorizadas pero con cortes: “En cuanto a las últimas, es una cuestión técnica que, llegado el caso, habrá que estudiar. Respecto a las primeras, se ha pedido una lista con todas las películas prohibidas desde la aplicación de la Ley 18019 y se volverá a contemplar cada caso”.
Su propósito era comenzar a trabajar en forma inmediata sobre el proyecto de la nueva ley de control cinematográfico: “Ya la semana que viene se hará la primera convocatoria a la gente que me asesora. Gente de cine, de la minoridad, sociólogos, psicólogos, sacerdotes, en fin, de todos los sectores idóneos en el problema”.
Años después explicó: “Yo nunca me había imaginado en ese puesto. Teníamos, sí, una política crítica frente al Ente de censura, pero carecíamos de una política afirmativa para conducir una labor de calificación. Eso habla a las claras de una carencia inaugurada con las victorias electorales del 73”. A pesar de ese reconocimiento, Getino impuso un cambio radical en la política de control conocida en el país. A la llamada “primavera camporista” le correspondió una “primavera censoria”.
“La designación de Octavio Getino al frente del Ente –editorializó la Gaceta– entraña una revolución en materia de censura. Por primera vez desde que existe la fiscalización oficial de películas en la Argentina, el organismo respectivo no está bajo la dirección de católicos estrechamente vinculados a las altas jerarquías de la Iglesia (...)”.
Como las leyes impedían el despido de los empleados públicos estables, Getino le impartió al personal del Ente “orientaciones más o menos precisas para la calificación, acordes con la ley vigente, pero interpretada ésta desde la nueva perspectiva que el pueblo argentino había instalado. El material más importante lo sometí sin embargo a una comisión asesora, integrada por figuras altamente representativas de la vida nacional. (…) A ellos se sumaron también funcionarios designados por los organismos de gobierno y por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (era la primera vez que tomaba injerencia en esa labor). Finalmente, se invitó también a participar a la Confederación General del Trabajo, como expresión de las grandes masas de trabajadores y de ‘consumidores’ de cine. Era la primera vez que la CGT intervenía en la calificación de películas. Obviamente, hice cesar en su gestión a los asesores anteriores de tipo honorario, procedentes de las conocidas ligas de padres y madres de familia, protección a la infancia, protección al menor, etc”.
Para el caso de abierta pornografía, “eligió el camino de ‘demorar’ su calificación, a la espera de su calificación dentro de la ley que estábamos elaborando. Hubo una sola prohibición y a pedido del propio distribuidor, ya que ello le permitía recuperar el importe de la compra en el extranjero. Era un documental italiano referido al África, que a juicio de la comisión asesora, con la cual yo coincidí totalmente, significaba una interpretación netamente racista y colonizante del pueblo africano”.
Cantando bajo la lluvia. La primera película aprobada por la nueva gestión fue Estado de sitio, que había quedado sin calificar en el limbo burocrático del Ente, a principios de 1973. A continuación autorizó Decamerón, Operación Masacre, La naranja mecánica, que no había llegado a ser calificada cuando la presentaron en 1972, y La hora de los hornos, prohibida por Ramiro de la Fuente en 1969. Algo había cambiado. El Heraldo comentó: “El salto argentino hacia la madurez está encaminado. Ahora hay que esperar que la nueva ley no sea apresurada” –porque, siempre atento al negocio, estaba claro que Heraldo prefería esperar para analizar cómo evolucionaba el mercado ante la presencia exitosa de las producciones locales–.
La prensa corporativa daba por descontado que las llamadas películas políticas serían habilitadas. De ahí que enfatizaran, en cambio, la apertura hacia los films con otras temáticas: “Nuevas fronteras de permisividad abrió el estreno de Decamerón”. La Gaceta observaba que su estreno había tenido buena recepción pero que, “pese a que se ven genitales de ambos sexos y el acto sexual”, de todas formas las salas no se llenaron. “En un mundo donde la revolución sexual se ha consumado en la realidad, estas audacias han dejado de tener el efecto de otros tiempos. (...) Constituyen, a lo sumo, una novedad como espectáculo, y muy probablemente su éxito dependerá del ingenio y de la validez con que se las emplee”.
A continuación autorizó La chinoise, prohibida en 1970; Los demonios, prohibida en 1971, y Puntos suspensivos de Edgardo Cozarinsky. Con motivo del film de Ken Russell, el periodista Homero Alsina Thevenet observó que “la escena en la cual el padre Grandier baja de la cruz y hace el amor con la madre superiora fue recortada en la Argentina, presumiblemente por la empresa distribuidora, pero existe en la versión original y explica la resistencia católica que comenzó cuando el film fuera exhibido en Venecia. Ha quedado entera la otra escena en que las monjas hacen su propia parodia, ligeramente lesbiana, del casamiento en cuestión”.
Getino no se limitaba a autorizar películas hasta entonces prohibidas. Comenzó a organizar reuniones con las partes interesadas para intercambiar ideas acerca de la nueva ley. Primero se reunió con las asociaciones de Distribuidores, de Exhibidores Independientes, de Productores de Películas Argentinas, de Empresarios Cinematográficos, de Exhibidores de la provincia de Buenos Aires, de Productores Independientes, dac, fadec, el Film Board, etc. En general, todos coincidían en retomar la calificación de “inconveniente” para menores de 14 y 18 años, suprimir el visado previo de guiones y calificar, separadamente, las colas del film.
Después mantuvo reuniones con quienes pasaron a integrar el nuevo consejo de asesores: los curas Jorge Vernazza y Rodolfo Richiardelli (sacerdotes para el Tercer Mundo), René Mugica, Humberto Ríos, Carlos Mazar y Rodolfo Kuhn (directores de cine), Agustín Mahieu y Edmundo Eichelbaum (periodistas), Antonio Caparrós, Alcira Argumedo y Jorge Carpio (sociólogos), Leopoldo Marechal (escritor), Hernán Keselmann (psicólogo) y Horacio Recalde (abogado). Y por fin pasó a las reuniones con los organismos estatales incluidos por la Ley 18019: ministerios de Defensa, del Interior y de Relaciones Internacionales, los cuales, de todas formas, no designaron a sus representantes ante el Ente.
Para dinamizar su gestión, a principios de septiembre Getino sancionó una resolución que restablecía las calificaciones de inconveniente para menores de 14 o de 18 años. En forma inmediata aparecieron las objeciones jurídicas: la categoría “inconveniente” estaba excluida de la Ley 18019 y, para modificar una ley o un decreto era necesaria otra ley o decreto, no alcanzaba con una resolución de un organismo. La asesoría jurídica del Ministerio de Educación emitió un dictamen contrario a la medida y Getino debió derogar la resolución.
La libertad no siempre es un buen negocio. Aquel no fue el único obstáculo con que se encontró el interventor. Las primeras presiones contra su política tampoco fueron promovidas por las fuerzas conservadoras católicas sino por las llamadas “reglas del mercado”.
El Heraldo, que hasta este momento había sido cauteloso en su valoración de la nueva política, en nombre de los intereses de los exhibidores y de las grandes distribuidoras, dio la voz de alerta: “La liberación de películas prohibidas en esta época de un año con éxitos comerciales no habituales, especialmente argentinos, puede agravar el ya bastante peleado problema de las bocas de salida. No nos olvidemos que todo el mundo quiere estrenar antes de octubre y que la mayoría de las distribuidoras tiene material del considerado fuerte esperando sala... Creemos que es conveniente el replanteo sobre la efectividad o no de esta liberación de veda a tantas películas prohibidas”.
Desde el punto de vista comercial, la nueva política permitía el estreno exitoso de películas locales que se encontraban con su público, y de extranjeras prohibidas que, como es razonable, muchos querían ver de una buena vez o verlas sin cortes. Los exhibidores las mantenían en cartel sencillamente porque eran exitosas, pero eso alteraba los planes de los distribuidores, que habían adquirido material y precisaban lanzarlo al mercado para recuperar la inversión. Y en este negocio, es bueno recordarlo, quienes manejan en última instancia el mercado son las distribuidoras internacionales.
Continuaba la revista: “¿Qué pasará si se decide estrenar simultáneamente todo el material recientemente autorizado o el que seguramente en breve se autorizará? ¿Qué va a pasar si a los éxitos del momento se le suman, por ejemplo,La naranja mecánica, Los demonios, Último tango en París y Los cuentos de Canterbury? La primera conclusión seguramente provendrá de la creación de una nueva corriente de público, la del gusto sobre lo prohibido que podría llegar a psicosis, con el evidente perjuicio para las no enroladas en esa corriente. ¿O acaso no ha variado el negocio para quien haya comprado los derechos de películas que hace unos meses podrían resultar taquilleras por fuertes y ahora, por comparación, no arrastrarían en la medida prevista? Claro que es un problema de comercialización, ajeno totalmente a la actividad del Ente, pero convendría evaluarlo para no perder el equilibrio del negocio. Indudablemente, la transformación –reiteramos, absolutamente positiva– en nuestra censura beneficiará a las distribuidoras extranjeras que tienen el material más fuerte y en mayor cantidad, aparte de contar con las mejores posibilidades de exhibición. Para los independientes y muy especialmente para los films argentinos, el problema de las bocas de salida puede tornarse grave, más aun cuando no se cuenta con una ley que regule adecuadamente”.
Esta paternal preocupación por los distribuidores independientes y las producciones locales era un adorno demagógico para disimular la inquietud central del mercado. Las “películas políticas” nacionales autorizadas no eran tantas. Sólo podían provocar una alteración coyuntural del negocio. La preocupación de los distribuidores –y en igual medida de los exhibidores– era que esa limitada cantidad de películas pudieran convertirse en una corriente o línea de trabajo para la cual existía un público sediento. El problema no eran esas pocas películas del año 1973 sino las que podían venir; en síntesis, la amenaza de un cine nacional exitoso, de cualquier género. En la medida en que la censura no les pusiera límites, se trataba de una amenaza real dentro de las limitaciones de un país dependiente. En tal sentido, la gestión Getino era más un peligro que un alivio para los exhibidores y distribuidores.
Se entiende así la conclusión a la que llegó el Heraldo a la semana siguiente: “La euforia –quizás desmedida– que conquistara a distribuidores y exhibidores y que Heraldo oportunamente analizara se fue decantando en la ultima semana, hasta dejar como sedimento las primeras grandes dudas sobre la manera de encarar el futuro del negocio”.
Como si no hubiera tenido suficiente con ese problema, Getino, además, se encontraba con la avidez del lucro inmediato de las distribuidoras medianas, pequeñas y/o independientes, que decidieron aprovechar la nueva política para importar docenas de films eróticos y pornográficos. El interventor se reunió con ellos y les pidió que colaboraran con una selección más amplia de títulos, para que la libertad no fuera la coartada para traer películas rayanas en la pornografía. Esta sugerencia, “si bien no fue desestimada, tampoco se la aceptó unánimemente de buen grado. Por un lado, el distribuidor independiente no puede arriesgar dólares que pueden llegar a doler en adquirir títulos de excelente comercialidad con el peligro de su no estreno; por el otro, el Ente se vería obligado a perder terreno psicológicamente, prohibiendo películas a fin de preservar –según su criterio– la salud y la educación del pueblo”.
Esa semana el Ente había recibido para calificar 17 películas, de las cuales por lo menos 9 eran pornográficas. “De seguir esta tendencia me veré obligado a replantear el criterio defendido hasta ahora y que me propuse sostener, al menos, hasta el término de mi desempeño”, debió aclarar Octavio Getino a la prensa.
Las fuerzas católicas conservadoras estaban al acecho. Los distribuidores, en vez de coordinar sus acciones con Getino, provocaron al frente censorio con la importación de films pornográficos que les aseguraban ganancia fácil de corto plazo. Ante ese panorama, Getino denunció “de manera especial a una película ‘piloto’ de origen alemán con la cual quieren iniciar un tipo de negocio, encubierto por la falsa finalidad educativa de tal película, simple pretexto que permite mostrar actos sexuales desprovistos de arte o de serios propósitos didácticos; (…) hay instituciones muy importantes que están formulando protestas y organizándose para una lucha en todos los niveles contra los nuevos procedimientos adoptados por el Ente”.
Al cumplirse el primer mes de su gestión, Getino volvió a reunirse con los distribuidores. Inmediatamente después declaró que el 50% de los films presentados para calificar eran pornográficos o algo muy parecido, y que la flexibilización de la censura no les daría lugar durante la vigencia del Decreto 18019. Y aclaró: “El gobierno nacional no promoverá ni avalará la difusión de material cinematográfico que, con propósitos netamente comerciales, tiendan a hacer del espectador argentino un objeto de consumo y no un sujeto hacedor de cultura”.
Sin decirlo abiertamente, se planteaba el problema de la regulación estatal del mercado cinematográfico tanto por razones de funcionamiento comercial como de proyecto cultural. Librados a su propia dinámica, los sectores de la economía cinematográfica local entraban en conflicto con el proyecto oficial. Dentro del marco de un gobierno peronista, era como volver a los debates originados en torno a la figura de Apold pero con otras condiciones históricas.
Con las luchas internas del peronismo como referencia, se había producido un movimiento de pinzas contra la nueva política. De un lado presionaba el puro cálculo comercial del frente integrado por los exhibidores y los distribuidores. Del otro, la implacable vocación de control cultural de la derecha católica. Suponer que se pusieron de acuerdo es una hipótesis indemostrable. Pero, en los resultados de la política concreta, funcionaron como aliados de hecho. Entre el temor de los empresarios por perder el control del negocio y el temor conservador de perder el control ideológico de la sociedad, la apertura encabezada por Getino ya no tenía futuro. El desarrollo de la interna peronista a favor de las fuerzas conservadoras y de derecha les dieron el marco político apropiado a los intereses del negocio y la censura.
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